Cuidar en una sociedad que envejece

Abril de 2026 El rápido envejecimiento de la población española tensiona al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que deberá ampliar coberturas y reforzar su financiación en un contexto de escasez de profesionales y condiciones laborales poco atractivas.

Desde su entrada en vigor en 2007, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ha consolidado como uno de los pilares del Estado del bienestar al reconocer y garantizar el derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia a recibir cuidados de larga duración (en adelante, CLD). Este logro normativo y social, de enorme trascendencia, se enfrenta hoy a un desafío estructural de gran magnitud: el acelerado envejecimiento poblacional.

Las proyecciones demográficas apuntan a que, en 2050, España será uno de los países más envejecidos de la Unión Europea, con una población mayor de 65 años que superará los 16 millones, casi siete millones más que en 2023 (INE, 2023). Como consecuencia, la tasa de dependencia ¿la relación entre población mayor de 65 años y población en edad de trabajar¿ se duplicará en las próximas décadas, situándose entre las más elevadas de Europa.

Este cambio demográfico se traducirá en un aumento sustancial de las situaciones de dependencia, dado que los tramos de edad avanzada concentran la mayor prevalencia de limitaciones funcionales y cognitivas. Estimaciones propias a partir de microdatos del IMSERSO y de las proyecciones demográficas del INE [1] señalan que, si se mantiene la actual tendencia de expansión de coberturas del SAAD, el número de personas en situación de dependencia reconocida y con derecho a prestación superará los 2 millones en 2030, un 27% más que a finales de 2024. En ese escenario, el 13,2 % de la población mayor de 65 años sería beneficiaria de alguna prestación del SAAD, lo que equivaldría al 4 % del total de la población española, frente al 10,6 % y el 2,9 %, respectivamente, en 2023.

Esta expansión constituye un reto mayúsculo para un sistema que, desde sus orígenes, arrastra déficits estructurales de financiación. En 2023, el gasto en CLD en España representaba apenas el 1% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,7 %) y lejos de países con mayores niveles de intensidad y calidad en los cuidados, como los nórdicos. Esta brecha en inversión condiciona directamente la capacidad de ampliar servicios, mejorar la cobertura territorial y, sobre todo, dignificar el empleo en el sector.

Las diferencias no se limitan al esfuerzo presupuestario, sino que se reflejan también en la dotación de la fuerza laboral. Aunque el número de personas empleadas en establecimientos residenciales y en servicios sociales sin alojamiento ha aumentado un 40 % y un 73 %, respectivamente, entre 2014 y 2024, la ratio de trabajadores de cuidados por cada 100 personas mayores de 65 años continúa claramente por debajo de los estándares de los países nórdicos y del promedio de la OCDE. La expansión del empleo no ha sido suficiente para acompasar el ritmo del envejecimiento.

El sistema afronta así un doble desafío: incorporar nuevos profesionales y reemplazar a una fuerza laboral que también está envejeciendo. Según la Encuesta de Población Activa, la mitad de las personas que trabajan en el sector tiene 45 años o más, lo que evidencia la urgencia de un relevo generacional que permita sostener la prestación de servicios en las próximas décadas y atender una creciente complejidad en los perfiles de dependencia.

A esta presión estructural se suma una elevada rotación laboral, especialmente hacia el sector sanitario. De acuerdo con la Muestra Continua de Vidas Laborales, el 30,7 % de las trabajadoras de residencias y el 9,4 % de las de servicios sin alojamiento que cambiaron de sector entre 2009 y 2023 se trasladaron al ámbito sanitario, atraídas por mejores condiciones laborales y salariales. Esta fuga de talento pone de manifiesto la dificultad del SAAD para competir en el mercado de trabajo por perfiles con formación sociosanitaria.

La escasez de trabajadoras de cuidados ya comienza a percibirse con especial intensidad en el medio rural, donde el envejecimiento es más acusado y la base laboral potencial, más reducida. Ello genera una profunda desigualdad territorial en el acceso, la cobertura y la calidad de los CLD, ampliando la brecha entre áreas urbanas y la cada vez más extendida "España vaciada".

Ante un reto de tal envergadura, la mejora de la financiación del sistema se convierte en condición necesaria para ofrecer condiciones laborales más atractivas y sostenibles. En la actualidad, el sector presenta una elevada temporalidad ¿casi uno de cada cuatro empleados en residencias tiene contrato temporal¿ y una parcialidad involuntaria significativa ¿uno de cada cuatro empleados en servicios sin alojamiento trabaja a tiempo parcial y, de ellos, el 60 % declara hacerlo por falta de alternativas a jornada completa¿. Estas condiciones contractuales se suman a unos salarios que se sitúan, en promedio, en torno a 10.000 euros por debajo de la media nacional.

En paralelo, la integración de personas de origen extranjero emerge como un elemento clave para sostener la expansión futura del sistema. Actualmente, en torno a uno de cada cuatro trabajadores formales en el sector es de origen extranjero, porcentaje que sería aún mayor si se considerara el empleo no formal en cuidados. Agilizar los procesos de acreditación de competencias, facilitar la homologación de títulos y diseñar itinerarios de inserción laboral específicos serán medidas imprescindibles para canalizar este potencial hacia el sistema formal y garantizar estándares adecuados de calidad y protección laboral.

En definitiva, el envejecimiento poblacional sitúa al SAAD ante un desafío estructural para el que deberá contar con una financiación suficiente y estable que permita mejorar las condiciones laborales del sector, atraer y retener profesionales , y dar respuesta al aumento y a la creciente complejidad de las situaciones de cuidados de larga duración. Solo así podrá preservar su vocación original: garantizar la equidad en el acceso y cobertura de cuidados, así como asegurar una atención digna y de calidad en las etapas finales de la vida.

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[1] El detalle metodológico de estas estimaciones, elaborado Afi, puede consultarse en el documento de Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (2025).

Referencias
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (2025). Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030. Recuperado de https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/derechos-sociales/FSE+/docs/Evento_trabajadoras.pdf
Asensio Vázquez, M., García Ciria, C., & López Molina, G. (2025). La transformación del sistema de cuidados en España: retos institucionales y demográficos. Cuadernos de Información Económica, 308, 100-109.
Afi (2025). Situación laboral y déficit de trabajadoras del SAAD. Diagnóstico e itinerarios laborales y vitales. Recuperado de https://cdn.prod.website-files.com/67174dcb1d43b06a0eae31a6/687e275ca147808ecdff62a9_InvestigacioncalidadempleoSAAD.pdf