Fiscalidad verde y sostenibilidad de las finanzas públicas
Mayo de 2025
Según las últimas previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, el envejecimiento de la población deteriorará el saldo primario (sin intereses de la deuda) hasta un -2,3% en 2050, principalmente por las presiones sobre el gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. Asumiendo un nivel de intereses de la deuda pública relativamente elevados y constantes a lo largo de este periodo de casi tres décadas, el peso del gasto en intereses crecería de forma sostenida hasta representar casi el 5% del PIB en 2050, lo que llevaría el déficit público a niveles extraordinariamente elevados que comprometen la sostenibilidad de las finanzas públicas.
(2023-2050)
En este contexto de creciente presión sobre el gasto público, la fiscalidad medioambiental tiene el potencial de jugar una doble función: apoyar simultáneamente la transición energética, en la que España ya está inmersa, y convertirse en un nuevo pilar fiscal que pueda contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Lo cierto es que, en la actualidad, la fiscalidad ambiental está muy lejos de lograr ambos objetivos, tanto por su capacidad recaudatoria como, sobre todo, por su estructura.
De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, España recaudó en 2022 un 1,5% del PIB en concepto de impuestos medioambientales, medio punto del PIB menos que la media de la UE-27. Si descomponemos la estructura de la recaudación, cuatro de cada cinco euros recaudados fueron en concepto de impuestos sobre la energía, que engloban desde los impuestos especiales sobre la electricidad hasta la fiscalidad sobre hidrocarburos, donde España destaca por ser uno de los países europeos con menor fiscalidad. El 20% de la recaudación restante se compone principalmente por impuestos sobre el transporte e impuestos específicos sobre la contaminación. Aunque esta última categoría es la más reducida en la mayoría de los países, destaca el escaso poder recaudatorio que este tipo de impuestos tienen en España frente a otros países que, como Dinamarca, Países Bajos o Francia, apuestan de forma más decidida por este tipo de figuras tributarias.
Aunque España tiene un claro margen de mejora en términos de capacidad recaudatoria, especialmente en materia de impuestos sobre la contaminación, las decisiones más relevantes para que la fiscalidad ambiental pueda servir de palanca de apoyo para la transición verde está en la reconfiguración de los impuestos sobre la energía. España se caracteriza por un "mix" de impuestos sobre la energía que grava de forma agresiva la electricidad, esencialmente a través del Impuesto Especial sobre la electricidad (IEE) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica (IVPEE), y una fiscalidad relativamente baja sobre los hidrocarburos y el transporte en coche. En este último ámbito, los datos que ofrece el Libro Blanco para la reforma tributaria son muy ilustrativos: la recaudación media por vehículo en España era la menor de todos los países de la UE-19, la mitad de los países como Francia o Alemania. A esta brecha en recaudación se suma una fiscalidad especialmente baja sobre el diésel (de diez céntimos menos por litro frente a la UE-27) y la gasolina (de trece céntimos).
¿Cómo puede conciliar la fiscalidad medioambiental los dos objetivos expuestos al principio? Por una parte, el proceso de electrificación necesario para una transición verde exitosa está aún muy lejos de completarse en España, lo que se refleja en un porcentaje bajo de matriculaciones de vehículos eléctricos y un uso aún minoritario de electricidad como fuente de calefacción en los hogares. Para favorecer la electrificación de los hogares españoles, es necesario aumentar la diferencia de precios entre la electricidad y los hidrocarburos de forma estructural. Ello implica subidas de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos por encima de los niveles necesario para lograr una armonización con Europa y una reducción muy sustancial de los impuestos especiales sobre la electricidad.
Una transformación de los impuestos a la energía de este tipo no solo lograría fomentar la electrificación de los hogares, sino que también tiene el potencial de contribuir sustancialmente a la sostenibilidad de las finanzas públicas en las próximas décadas. De acuerdo con las estimaciones realizadas en el marco del Libro Blanco con datos de 2019, una supresión de facto de los impuestos especiales sobre la electricidad, combinada con una subida fiscal sobre la gasolina, el diésel y el gas natural, tenía un potencial recaudatorio cercano a los 9.000 millones de ¿, lo que suponía cerca de 0,7 puntos de PIB en ese año. Esto, sumado a la equiparación de impuestos sobre el transporte y la contaminación, podría suponer cerca de un punto adicional de recaudación, que reduciría a la mitad el saldo primario negativo que la AIReF estima para España en 2050.
El principal reto de estas reformas en materia de fiscalidad verde está en su legitimidad social e impacto distributivo. De acuerdo con las estimaciones del mismo Libro Blanco, estas reformas para eliminar de facto los impuestos especiales sobre la electricidad y encarecer los hidrocarburos tienen un saldo distributivo negativo concentrado en los deciles intermedios de la distribución de la renta, si bien la pérdida media por hogar es limitada y no excede el 1% de la renta neta en ningún caso. Por ello, medidas fiscales compensatorias bien diseñadas que corrijan su impacto distributivo negativo tienen el potencial de dotar a la fiscalidad medioambiental del respaldo social que necesita para poder lograr el doble objetivo de reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas y acelerar la transición verde en España.
