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Fondos europeos: próximos pasos

Noviembre de 2022
El Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia (PRTR) representa una de las mayores iniciativas en materia de política económica que se han desarrollado en la historia reciente de la economía española, tanto por el volumen de recursos comprometidos, como por el esfuerzo que ha requerido su acelerado diseño y puesta en marcha, en estrecha coordinación con la Comisión Europea.

Su inicio no podía desmorarse, pues una de sus justificaciones, además de avanzar en el proceso de modernización estructural del país, radicaba en la necesidad de luchar contra los impactos socioeconómicos negativos derivados de la pandemia, posteriormente acrecentados con motivo de las tensiones geopolíticas, la guerra en Ucrania y las presiones inflacionistas.

Para cumplir con estos plazos las administraciones han debido abordar la concreción de las reformas requeridas por Europa (pensiones, sistemas de cotización de trabajadores autónomos, evaluación de políticas públicas, universidades, ciencia, etc.). Asimismo, desde el ámbito de las inversiones, se ha debido dar curso a la publicación de múltiples convocatorias de ayudas, con frecuencia con plazos muy ajustados para la presentación de las candidaturas (sobre todo en los casos de convocatorias de concurrencia competitiva), y para atender adecuadamente las dudas de las empresas potencialmente interesadas.

A la luz de la experiencia acumulada durante el último año y medio, cabe hacer algunas consideraciones con el objetivo de contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de esta gran iniciativa de política económica. En primer lugar, es preciso realizar un esfuerzo adicional en materia de información y asesoramiento al tejido empresarial. Se trata, por un lado, de mantener la tensión (algo mermada tras el gran interés inicial) por presentar proyectos verdaderamente ambiciosos y con vocación transformadora. En este sentido, no siempre es evidente el encaje de los proyectos que las empresas conciben con las convocatorias de subvenciones y licitaciones públicas, y convendría reforzar la información y el asesoramiento dirigido al tejido empresarial para que éste no se desvincule del Plan. A modo de ejemplo, en ocasiones se han publicado convocatorias para actuaciones transversales con presupuestos muy reducidos, mientras que en otros casos los plazos para la presentación de candidaturas han sido demasiado cortos (limitándose a un mes o incluso menos días). Asimismo, la agilidad en la resolución de las convocatorias debería ser mayor, y se deberían evaluar con realismo las dificultades que, en ocasiones, conlleva la formación de consorcios amplios como requisito para la participación en algunas de las iniciativas del Plan.

Por otro lado, cabría considerar la implementación de ayudas para que las empresas pudiesen acceder a servicios de asistencia técnica profesional, para facilitar la preparación de sus candidaturas con una inversión suficiente en términos de tiempo y recursos especializados. Esta idea no es ajena a la mecánica de algunas instituciones como el BEI, que cuenta con programas para favorecer la participación activa (y bien fundamentada) de sus potenciales beneficiarios. Ese el caso del instrumento de asistencia local en el sector de la energía (ELENA, por sus siglas en inglés). Dicho programa ofrece asistencia técnica y financiera para ayudar a los entes locales y regionales a atraer financiación para proyectos en materia de energía sostenible.

Asimismo, la mejora de la transparencia e información pública sobre el nivel de ejecución definitiva de los fondos del Plan, entendida como los pagos a destinatarios finales de ayudas o empresas ejecutoras de inversiones previamente licitadas (no transferencias entre distintos niveles de las Administraciones Públicas) también contribuiría a mejorar la evaluación continua del Plan. Asimismo, resultaría de utilidad habilitar determinadas herramientas específicas, como el registro de entidades interesadas en los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Se trata, en cualquier caso, de no desincentivar la atracción de proyectos transformadores y de calidad, y de aprovechar esta inigualable oportunidad para lograr un efecto real en la economía española.

De cara a los próximos meses, conviene destacar la relevancia que para la ejecución del PRTR supone el desarrollo e implementación del tramo reembolsable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). No sólo por el volumen, que puede alcanzar los ochenta y cuatro mil millones de euros, un 10% más que el tramo no reembolsable. Sino sobre todo porque puede representar un impulso determinante en la transformación del modelo de gestión de ayudas públicas. La Administración española concentra sus medidas de apoyo a las políticas públicas a través de gasto en subvenciones. Sin embargo, desde hace un par de décadas la Comisión Europea ha marcado su preferencia por la utilización creciente de instrumentos financieros reembolsables por parte de los países miembros.

La gestión de las ayudas reembolsables permite como principal ventaja sobre las no reembolsables, financiar nuevos proyectos con la recuperación del capital y sus potenciales retornos. Sin embargo, para una adecuada implementación de los instrumentos financieros los gestores públicos deben procurar que los proyectos sean económicamente viables y, en la medida de lo posible, que tengan capacidad para arrastrar financiación privada.

Este modelo exige instituciones con capacidad técnica para analizar el riesgo crediticio de los promotores y de los planes de viabilidad. También es necesario que los gestores públicos realicen funciones que se asemejan, en alguna medida, a las de una entidad financiera, como, por ejemplo, los procedimientos de recuperación en caso de posibles dificultades para hacer frente a las obligaciones contraídas por los prestatarios.

En definitiva, el conjunto de las administraciones y, en particular, las autonómicas, en las que se pretende concentrar un porcentaje relevante de este segundo tramo del MRR, se tendrán que dotar de instituciones especializadas en la gestión de este tipo de instrumentos financieros. Las Agencias de Desarrollo Regional o los Institutos de Finanzas deberían ir asumiendo este papel centralizador en cada territorio para identificar los fallos de mercado hacia algunos segmentos o fases en el ciclo de vida de las empresas, normalmente aquellas que exigen más innovación, con el fin de diseñar líneas que mitiguen la falta de financiación, más aún en una coyuntura de endurecimiento de las condiciones monetarias.

Un obstáculo endémico que atenaza este tipo de líneas es la falta de flexibilidad para poder canalizar recursos de terceros sin estar condicionados por las limitaciones al endeudamiento del sector público. Para ello es fundamental la búsqueda de esquemas de colaboración con operadores en los diferentes instrumentos (préstamos, garantías, cuasicapital o capital) y una evaluación adecuada de los mismos para alcanzar la máxima eficiencia y apalancamiento de recursos público-privados con el fin de impulsar la inversión y la creación de empleo. Los mismos objetivos, en definitiva, que permitieron aprobar el tramo reembolsable de los fondos del MRR y que, sin ningún lugar a dudas, constituye un hito en la construcción de la Unión Europea. Tan relevante será para la senda de recuperación de nuestro país la ejecución favorable de las subvenciones de acuerdo con el calendario de hitos y objetivos, como una buena planificación de este segundo tramo del MRR.

César Cantalapiedra es socio director de Afi
Diego Vizcaíno es socio director de Afi