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Junio de 2022

Gro Harlem Brundtland, tres veces primera ministra noruega, directora general de la OMS, enviada especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y fundadora de "The Elders", definió el concepto de desarrollo sostenible, allá por 1987, en el Informe que le encomendó Naciones Unidas "Nuestro Futuro Común" (más conocido como Informe Brundtland). Y lo hizo en términos de reto intergeneracional, poniendo a las personas en el centro de la definición: "el desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades."

Hoy, treinta y cinco años después de esa concepción del futuro que ya es hoy, nos encontramos en una suerte de encrucijada. ¿Estamos siendo capaces de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer el futuro de las próximas generaciones, de la generación actual, de las personas nacidas en el siglo XXI?

Un anacronismo se refiere a algo que no se corresponde o parece no corresponderse con la época a la que se hace referencia. El contrato social vigente - el del Estado de Bienestar al que España se incorporó tarde- bien merece una actualización, porque el mundo ha cambiado, está cambiando y más que va a cambiar. Y estas transformaciones han modificado las hipótesis que sustentan, no tanto los preceptos, sino más bien los resortes y algoritmos de nuestro contrato social. Una revisión en términos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, de reto intergeneracional.

Ya no vivimos apenas unos años más tras la fecha de jubilación, sino que esa vida "de retiro activo" es afortunada y crecientemente extensa. En España dura de media dos décadas y es muy susceptible de necesitar cuidados, especialmente en el caso de las mujeres que, si bien viven más años que los hombres, lo hacen con peor salud.

Las personas jóvenes hoy (incluidas las adolescentes) ejercen eminentemente dos roles: estudiantes y consumidores, sin reconocimiento a muchos otros de los que cabría pensar que ya son merecedores, como el derecho a emitir su opinión y que esta sea tenida en cuenta. A ejercer el derecho al voto, en definitiva. Esta ausencia de voz y voto directo, no intermediado o traducido por adultos no es inocua. Provoca que los asuntos que les habrían de situar como protagonistas, que les condicionan sus capacidades para satisfacer sus necesidades presentes y futuras, estén muy ausentes de las agendas.