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Las administraciones públicas ante el reto emprendedor

Abril de 2024

Aunque el emprendimiento, por definición, puede entenderse como la acción privada de una persona o un grupo de ellas, las administraciones públicas tienen un papel fundamental en este proceso. Sin un entorno favorable para el desarrollo de las iniciativas empresariales es muy difícil que se genere un ecosistema emprendedor. Esto se consigue mediante el apoyo a sectores estratégicos, la promoción de la innovación y la generación de una cultura emprendedora en la sociedad. En un contexto como el actual, con un recrudecimiento de la lucha entre los distintos bloques económicos y donde el modelo de producción y consumo está mostrando claros síntomas de agotamiento, , favoreciendo iniciativas de alto impacto, donde se genere un valor añadido elevado y sostenible que se traduzca en mayor y mejor empleo.

Conscientes de ello, además de las iniciativas legislativas nacionales como la Ley de Startups promovida como reforma estructural por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el propio diseño de los fondos Next Generation ha incluido una vertical emprendedora, de forma que el emprendimiento es parte de multitud de acciones e impregna la totalidad de la iniciativa, estando presente en distintos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), como el PERTE Chip, el Agroalimentario o el del Vehículo Eléctrico y Conectado.

No obstante, no hay que olvidar que esta dotación de fondos obligatoriamente tiene que ser canalizada de una manera eficaz, porque como ya nos va mostrando la evidencia evaluadora en el uso de fondos públicos e instrumentos financieros, la forma que adopten estos recursos (préstamos, garantías, etc.) es vital para determinar su éxito. En ese sentido, España cuenta con un entramado empresarial y financiero público denso y capaz de absorber estos recursos y canalizarlos de la mejor manera posible, tanto a nivel nacional (ICO, CERSA, ENISA, CDTI, SEPIDES, COFIDES) como a nivel autonómico con los distintos institutos de finanzas, asociaciones de desarrollo regional (ADR) y las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Esta multitud de agentes en un país tan descentralizado como el nuestro necesita crear (y utilizar) los canales de cooperación y coordinación necesarios para generar complementariedad entre los distintos niveles de la administración y eliminar los posibles solapamientos que se puedan dar en el lícito intento por parte de todas las administraciones de cubrir las necesidades de las personas emprendedoras en este nuevo entorno de abundancia de recursos gracias al Plan de Recuperación.

Carmen López, socia de Afi