Homo oeconomicus

Laponia III: la Ventanilla única de la repoblación

El mundo rural necesita gestores institucionales que entiendan lo importante que es su tarea para que la funcionalidad productiva y la vida social en el territorio no se pierdan.

José Antonio Herce San Miguel
Mayo de 2019

Seguro que muchos de Vds. han oído o visto noticias sobre la «Ventanilla Única Administrativa» (VUA) más de una vez en la última década. Pero ¿han visto alguna realización material de esta maravilla de la civilización administrativa de nuestra época? Yo no. Si en el mundo urbano, que es el que les interesa a las empresas y las administraciones, no hay ventanillas únicas dignas de tal nombre (electrónicas, simplificadas, inmediatas y post-verificables, que explico ahora mismo), se podrán imaginar que en la España a repoblar tampoco.

Pero es que, además, en el hipotético caso en el que la VUA se hubiese extendido tanto a ciudades como a pueblos, estoy seguro de que encontraríamos replicada hasta una exactitud estomagante la estructura y los criterios de la regulación que subyace a la obtención de una autorización cualquiera para conducir una explotación de interés económico.

Es decir, que si las farmacias (o los bares, un decir) en las ciudades deben cumplir unos requisitos de superficie y funcionalidad determinados, deben cumplir exactamente los mismos en los infinitamente más pequeños municipios del mundo rural. Obviamente, quien se ha enfrentado a esto sabe que, en muchas ocasiones, ello es no solo imposible, sino incluso, indeseable. Estoy convencido de que se puede preservar la salud de los consumidores o del medio sin necesidad de someterse a algunos de los arbitrarios requisitos que se exigen para el desarrollo de muchas actividades económicas, especialmente en el mundo rural.

Se trata, en definitiva, de simplificar los trámites y también los requerimientos, desde queserías familiares hasta iniciativas de movilidad, pasando por la construcción o los cuidados personales (todas ellas actividades cruciales en el mundo rural). Debe entenderse por parte de las administraciones de todo nivel, sean estatales, autonómicas o locales, que los requisitos, tiempos y circunstancias de servicio en estas actividades en la España despoblada no pueden ni deben ser los mismos. Una aplicación lisa y llana de requisitos que aplicarían en ciudades de 100.000 habitantes no es sensata en muchos casos y, además, es contraproducente, haya VUA o no. Esto está sucediendo cada día, con la triste consecuencia de que docenas de iniciativas empresariales, cooperativas, asociaciones civiles, etc. en cada comarca española por repoblar, se están estancando.

Insistimos a menudo en lo importante que sería una fiscalidad discriminatoria positiva (sí, discriminatoria positiva) para el mundo rural. Pues bien, ¿hay alguien que no vea que mucho más importante que eso es la agilidad y la orientación pro-business de las administraciones? Mientras que los reguladores sectoriales, administrativos y laborales no entiendan esto, cualquier otra política que pretenda ayudar a la repoblación va a fracasar a mitad de camino. Se perderán recursos, se quemarán ilusiones y, lo que es peor, el enorme deterioro que la despoblación entraña seguirá extendiéndose en el territorio y profundizando en sus heridas. Puede que de manera irreversible.

El mundo rural necesita gestores institucionales que entiendan lo importante que es su tarea para que la funcionalidad productiva y la vida social en el territorio no se pierdan. Aquellos pueden tener la mejor voluntad del mundo, pero si a la postre son meros guardianes de un conjunto de normas inadaptadas, obsoletas y disfuncionales, por muy celosamente que cumplan su tarea, su esfuerzo no servirá para mucho. Un ejemplo bien elocuente de lo retardataria que puede ser una norma en grandes ciudades o en pequeñas aldeas, son los Planes Generales de Ordenación Urbana, cuya gestación dura lustros y se alumbran ya obsoletos aspirando a estar vigentes otros tantos años. Si a pesar de esta realidad administrativa se avanza, debe ser porque la fuerza de la sociedad civil es enorme.

Pero en el mundo rural, en el que la masa crítica civil está inevitablemente ausente tan a menudo, no es tan fácil resistir, y no digamos contrarrestar o superar, a la inercia administrativa. En otras palabras, por esta causa y muchas otras, es muy difícil vencer la «velocidad de escape» de la despoblación. La despoblación ejerce una enorme fuerza centrípeta, a veces, mutatis mutandis, como si de un agujero negro se tratase.

¡Ah!, sobre lo de «post-verificables», la misma palabra lo dice: que el cumplimiento de algunos (o todos, según el caso) de los requisitos exigidos para la apertura de una actividad se dé por realizado en el momento de cursar la solicitud sin que sea obstáculo para el inicio de la actividad, de manera que esta se pueda iniciar efectivamente cumplido un plazo mínimo «de cortesía» para que el promotor pueda hacerse con esos permisos intermedios. Cumplido ese plazo, las autoridades se reservan el derecho de verificar (in situ incluso, aleatoriamente, en cualquier caso) que todos esos permisos se le han concedido al promotor. Si es así, la actividad podrá continuar sin trabas e indefinidamente o mientras estén vigentes los permisos correspondientes. De no haberse realizado por parte del promotor las diligencias oportunas, la autoridad competente podrá cerrar la actividad, imponer una sanción o cualquier otra medida proporcionada al incumplimiento. Incluso, ante el coste de la exhaustividad en los controles, yendo más allá para disuadir a polizones -que también los hay- y convencerles de que la aleatoriedad no es la rifa del jamón.

José Antonio Herce es Director asociado de Afi