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Economía responsable en acción

Agosto de 2021 De la necesidad de un nuevo contrato social y el papel de la empresa

Ha llegado de momento de que las empresas den un paso al frente como dinamizadoras del bienestar social. Si bien en los últimos sesenta años hemos experimentando el mayor crecimiento económico mundial, los salarios se han estancado, la desigualdad de los ingresos alcanza los niveles más altos de los últimos cincuenta años y la clase media se ha reducido en los países de la OCDE. En España la tasa de crecimiento anual compuesto del salario medio, en los últimos cinco años, se sitúa en el -0,3% y el nivel de ahorro de los hogares como porcentaje de la renta disponible se sitúa en el -6,6%, de acuerdo a un estudio de McKinsey. A todo esto, se añade el cambio en los modelos de trabajo con mayor peso de trabajo a tiempo parcial, contratos temporales y la nueva economía GIG.

Sin consumidores, sin estabilidad y bienestar social las empresas sufren. Por otra parte, cada vez es mayor el nivel de consciencia social de los ciudadanos. De acuerdo a un estudio de El Foro Económico Mundial un 64% de los millennials no aceptarían una oferta de trabajo de una empresa que no muestre compromiso de responsabilidad social. El barómetro de confianza de Edelman del 2020 recoge que un 87% de sus entrevistados considera que el éxito de la empresa a largo plazo viene condicionado en mayor medida por clientes, empleados y la comunidad y en menor medida por los accionistas.

La respuesta de los estados antes la crisis generada por la pandemia ha sido inédita y es un impulso importante para paliar un deterioro aún mayor en términos económicos y sociales, orientando el futuro hacia una nueva economía de energías limpias y mayor digitalización que generen mayor bienestar. Ahora bien, los datos demográficos y el nivel de endeudamiento de los estados limitan el grado real de actuación por parte del sector público a largo plazo por ello es clave la actuación responsable de la iniciativa privada y los individuos.

La apuesta por un nuevo modelo productivo con énfasis en la economía verde y la digitalización, requerirán de nuevas capacidades, conocimientos y perfiles de empleados en evolución constante y a gran velocidad. Esto podría generar, durante la transición, pérdidas de puestos de trabajos para muchas personas y, desde el punto de vista de la empresa, el riesgo de no poder materializar beneficios adicionales al no disponerse del capital humano requerido. Un informe del 2018 de Korn Ferry para tres sectores a nivel global- tecnología, medios y comunicación, industria- estima un déficit de veinticuatro millones de trabajadores para el 2030 con una pérdida potencial de dos mil trescientos billones de ingresos no materializados.

Es tiempo de audacia y compromiso, por qué no apoyar de manera explícita la aplicación de la reforma fiscal acordada por la OCDE generando más beneficios directos para la comunidad; o acordar, desde ya, con los distintos agentes el proceso de transición de empleos que se llevará a cabo para poder asumir la descarbonización total considerando todas las opciones: reciclaje de conocimientos a empleados, apoyo en la formación de nuevos profesionales con las capacidades requeridas y puesta en marcha de políticas de solidaridad a aplicar a aquellas personas difíciles de incorporar a la nueva economía. ¿Por qué no mirar con visión amplia y desde la unión empresarial incorporar en esa visión a las PYMES?

. ¿Soy de los reciclables? ¿De qué medios y herramientas dispongo? ¿Cómo puedo aliviar la carga de las siguientes generaciones para que tengan un futuro mejor? Un dato para reflexión, la pobreza relativa en la vejez está disminuyendo mientras que los jóvenes tienen dificultades para obtener trabajos de calidad y bien remunerados, en la mayor parte de las economías desarrolladas.

Los tiempos demandan responsabilidad, ambición, innovación y asumir riesgos para construir un pacto social estable y moderno entre individuos e instituciones.

Adriana Scozzafava es directora general de Fundación Afi.