Homo oeconomicus

Laponia V: la «casilla» fiscal contra la despoblación

La "ultraperiferia demográfica española" necesita y merece un tratamiento fiscal discriminatorio positivo.

José Antonio Herce San Miguel
Julio de 2019

Sé que me enfrento a los guardianes de la ortodoxia fiscal: cuantas menos deducciones, desgravaciones o exenciones fiscales mejor. Opino lo mismo, con algunas excepciones. Puestos a elegir, las mías se refieren a la necesidad de favorecer la permanencia de la población en los territorios despoblados y, si es posible, el fomento de su repoblación.

Parece mentira, pero hay que decir una y otra vez por qué ha de evitarse que el territorio rural se despueble. Por, al menos, dos grandes y poderosas razones, estrechamente ligadas. La primera, porque un territorio rural vibrante tiene externalidades positivas para toda la población que se pierden a medida que el territorio se vacía. Por ejemplo, el mantenimiento de una reserva de alimentos cercanos, aire puro y espacios cuidados para el desahogo de los ciudadanos (habitantes de las ciudades).

La segunda, porque el territorio vacío tiene externalidades negativas que van mucho más allá de la inexistencia de las primeras. Por ejemplo, la devastación por fuego o desertización que sufren los territorios mal cuidados o abandonados (no vividos en realidad).

Externalidades. Si el uso de esta palabra está indicado en este contexto, como creo que lo está, cualquier científico social y cualquier lector informado entenderá inmediatamente la dimensión económica del problema. Una externalidad es un efecto indirecto de una determinada acción u omisión por parte de cualquier agente sobre el bienestar de terceros. El ejemplo típico de una externalidad positiva es la polinización que realizan en mi parcela de manzanos las abejas de las colmenas de la parcela de mi vecino. ¿Debería de compensarle por ello?

Otro ejemplo canónico de una externalidad negativa es la inhalación del humo del tabaco por parte de los fumadores pasivos. ¿Deberían pagar por ello los fumadores activos? ¿O habría que sobornarles para que dejaran de fumar?

En uno u otro caso no existen mecanismos explícitos (de mercado) de compensación a quienes causan las externalidades positivas o sanción a quienes causan las externalidades negativas, y por ello se las denomina, en ambos casos, fallos de mercado. Contra ello, la receta también canónica es el establecimiento de impuestos-trasferencias pigouvianos (en honor a Pigou) y/o de derechos-acuerdos de mercado coasianos (en honor a Coase).

Pues bien, desde luego en mi opinión, las consecuencias de la despoblación, por nadie deseadas a la vez que por (casi) nadie valoradas, constituyen un fallo de mercado y deberíamos comprender que alguno de estos instrumentos debería ensayarse para evitarlas.

Más concretamente, en esta entrega de la serie, abogo por usar la fiscalidad para crear una discriminación positiva que mantenga a los agentes económicos en los territorios despoblados y contribuya a repoblarlos. Hay muchas figuras fiscales que se pueden afectar en este sentido, mediante exenciones y/o desgravaciones de la base imponible, reducciones en la cuota íntegra o bonificaciones de tipos impositivos. Desde el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el más potente, hasta el Impuesto de Sociedades pasando por las cotizaciones sociales (que no son impuestos propiamente dichos.

La literatura académica sobre la deseabilidad, eficacia y eficiencia de esta política no es concluyente, lo cual también es una buena noticia. Ya que indica que sí se pueden lograr resultados si las medidas se planifican e implementan adecuadamente. Hay evidencia internacional a favor de esto. También acerca de las razones por las que este tipo de fiscalidad discriminativa positiva no ha funcionado en otros lugares.

En España, hay territorios que disfrutan de una fiscalidad favorable por razón de su «ultraperificidad», como es el caso de Canarias, o de su excepcionalidad geográfica, como es el caso de Ceuta y Melilla. Los territorios despoblados no están lejos de las cabeceras comarcales o las capitales provinciales o regionales, algunas de ellas ciudades grandes o muy grandes. Más bien, al contrario, las rodean a unas decenas de kilómetros. No están aquejados de una ultra-distancia geográfica (a 2.000 km de Madrid, como si eso fuese necesariamente malo), pero sufren de una enorme ultra-distancia demográfica.

La «ultraperiferia demográfica española» necesita y merece un tratamiento fiscal discriminatorio positivo. Una política bien planificada, experimental, incluso, en sus inicios, evaluada antes, durante y después, y aplicada de forma que los «polizones» (residentes estrategas que solo se aprovechan de las ayudas sin contribuir al esfuerzo colectivo) no tengan cabida. Esto es muy fácil de evitar, y la tecnología blockchain dotada de inteligencia artificial ya está en condiciones de lograrlo con una inversión (por arte de la Agencia Tributaria) insignificante.

Esta política ni siquiera tiene por qué detraer recursos de las administraciones fiscales, en forma de menores ingresos, aunque normalmente este sería el resultado (no sin importantes retornos para el fisco). La financiación podría generarse estableciendo una «casilla contra la despoblación» en la declaración de la renta de cada año y que los contribuyentes que, de hecho, se dicen mayoritariamente preocupados por este problema en las encuestas, eligiesen hacia dónde quieren que vayan sus aportaciones para estos capítulos.

José Antonio Herce es Director asociado de Afi