Paseo global

La política industrial también existe

En ocasiones se puede caer en la tentación de que una política tal no es necesaria, pero la evidencia internacional no avala una presunción tan inhibidora de las autoridades

Emilio Ontiveros

Las manufacturas sufrieron la crisis de forma diferencial -especialmente entre 2008 y 2013- pero también la remontaron marcando distancias: aumentando de forma muy destacada su propensión exportadora hasta conseguir un superávit en la balanza comercial. Esa recuperación no debería, sin embargo, invitar a la complacencia. En la misma concurrieron factores que no garantizan la sostenibilidad del dinamismo hasta ahora observado. Por eso, la industria española, al igual que otras en la UE, precisa de mejoras de diversa naturaleza con el fin de mejorar la forma de producir y, desde luego, la calidad de la producción, además del grado de diversificación tanto de lo que se produce como de los destinos geográficos en los que se coloca. Esos atributos serían los que para cualquier analista sintetizarían la aspiración tópica de «cambio del modelo productivo», denominación algo ampulosa que debería traducirse, simplemente, por «hacer mejor las cosas». Alinear esos propósitos con el principal objetivo de la agenda de la Comisión Europea para 2020 -recuperar el peso de la industria en el PIB español- es una ocasión más que propicia. Y eso exige una política industrial.

Ese es el contexto en el que hay que enmarcar la obra aparecida recientemente, «Una nueva política industrial para España», coordinada por el profesor Rafael Myro, de la que son autores casi una veintena de investigadores pertenecientes a siete universidades. Está editada por el Consejo Económico y Social (CES) y en www.ces.es puede accederse a la versión más completa de la obra. No es precisamente la primera vez que este catedrático de la Universidad Complutense de Madrid exhibe su defensa de la industria española, amparada en argumentos con fundamento analítico. Toda su trayectoria ha estado de una u otro forma dedicada al mismo propósito: de forma sintética, estudiar las condiciones en que la industria puede ser más eficiente y con mayor capacidad de generación de empleo.

Definir un programa de política industrial requiere, ante todo, de un buen diagnóstico. Sin menoscabo de las ventajas exhibidas recientemente, las limitaciones de la industria española sobre las que hay que actuar no son poco importantes. Empezando por ese dinamismo exportador, hay que tener en cuenta que las ventas al exterior se encuentran concentradas en un número limitado de productos, de mercados y de empresas. Del análisis de la estructura productiva se echa en falta una densidad suficiente de los sectores de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Ello debe explicar al menos parcialmente los bajos ritmos de aumento de la productividad y la carencia de activos intangibles, propios de las economías más avanzadas.

La otra gran limitación de la industria española tiene que ver con su censo empresarial, del que nos hemos ocupado varias veces en estas páginas: demasiadas empresas, demasiado pequeñas, con una calidad de la gestión manifiestamente mejorable. A pesar de las mejoras en los últimos años, la asignación de talentos a la creación de empresas en nuestro país está lejos de los mejores registros en otras economías avanzadas.

Esas y algunas más son razones que amparan la necesidad de una política industrial en toda regla. En ocasiones se puede caer en la tentación de que una política tal no es necesaria, pero la evidencia internacional no avala una presunción tan inhibidora de las autoridades. Ahí están los trabajos de Marina Mazzucato, entre otros, para razonar el papel del Estado como impulsor de la innovación y del desarrollo tecnológico en países como EEUU y, desde luego, Alemania.

Lo que hace el equipo del profesor Myro es asumir esa experiencia y diseñar un programa de política industrial con dos objetivos básicos estrechamente relacionados: el aumento de la productividad del trabajo y el impulso a la internacionalización de las empresas, bajo sus distintas formas, sin olvidar la definición de la suficiente capacidad de atracción para que las multinacionales extranjeras se establezcan en España, ayudando igualmente a su internacionalización.

No es este el lugar para trascribir cada uno de los cursos de acción que los autores proponen para satisfacer esos objetivos. Sí lo es, creo yo, para recomendar la detenida consulta de esta obra, en el convencimiento de que no solo las autoridades económicas nacionales y regionales, sino también los responsables de los distintos partidos políticos encontrarán elementos de juicio rigurosamente asentados en los que fundamentar sus programas y decisiones.

Emilio Ontiveros es presidente de Afi y catedrático de Economía de la Empresa de la UAM